Mientras usted lee este artículo hay muchas mujeres que están pensando en dónde recibir atención médica para interrumpir un embarazo no deseado. Hablar de aborto en Chile es abordar un tema silenciado, prohibido, censurado y penalizado. El Código Penal chileno considera al aborto un delito, que puede condenar a una mujer desde tres a cinco años de presidio.
Si bien la clandestinidad con que se realizan no permite manejar cifras oficiales sobre el tema, organizaciones dedicadas a la promoción y estudio de derechos sexuales y reproductivos afirman que en Chile se practican alrededor de 160.000 abortos anuales y que sus complicaciones derivadas provocaron la cuarta parte de las muertes maternas en el 2000, ubicando el aborto como la primera causa de mortalidad materna en Chile.
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “la carga del aborto clandestino en América Latina y el Caribe es incuestionablemente alta. Los cálculos conservadores indican que hasta 31% de todos los embarazos pueden terminar en aborto y que se practican cerca de 444 abortos anuales por cada 1.000 nacidos vivos (…) los cálculos indican 300.000 hospitalizaciones por complicaciones en el período inmediatamente posterior al procedimiento. La muerte por complicaciones del aborto no es rara y es una de las principales causas de mortalidad materna. Aproximadamente 12% de las defunciones maternas registradas se deben a complicaciones de abortos inseguros e ilegales”.
El Vaticano se manifiesta absolutamente en contra de la despenalización del aborto, al igual que los sectores más conservadores de la política chilena. No obstante, una encuesta de Adimark publicada en octubre de este año reveló que el 40,6% de católicas y católicos en Chile piensa que el aborto debe ser legal y que se trata de una decisión personal.
De los 25 países que están representados en el Parlamento Europeo, 19 autorizan el aborto ya sea por simple demanda o por razones sociales. Hay cinco que lo permiten por razones médicas o por violación y tan sólo uno, Malta, que como Chile, penaliza la interrupción del embarazo.
“La situación en el mundo ha sido una evolución hacia una toma de conciencia de una realidad que existe. Yo no estoy ni en contra ni a favor del aborto, el aborto es una realidad y en Chile hay una manera de cerrarse los ojos frente a esa realidad. Lo importante es qué posibilidad se les da a las mujeres de ser ellas responsables de una maternidad. En Chile no se les está dando la oportunidad de poder tener el hijo o no poder tenerlo. La realidad chilena no es muy distinta a otros países del mundo, pero en otros países se ha dado una respuesta”, señala Maité Algagly, chilena residente en Francia y secretaria del Movimiento Francés para la Planificación Familiar.
De acuerdo a Algably, las cifras de abortos en Francia disminuyeron de un millón anual a 200.000 al legalizarlo y, además, hacerlo más seguro para las mujeres. Algo que a Paulina Villagrán, directora de Estudios de la Fundación Chile Unido le parece una manipulación en las cifras y asegura que no por ser legal será menos riesgoso para la vida.
“Cuando se quiere legalizar el aborto, siempre se aumentan las cifras. Es lo mismo que pasa en Chile y en todas partes del mundo, después se dice que eran menos. Decir que el aborto es seguro por el hecho de ser legal no es tan cierto”, asegura Villagrán.
Desde el punto de vista de las muertes de mujeres como consecuencia de abortos clandestino, las y los expertos hablan de que existe también un factor de equidad.
“Existe un problema de justicia social, una mujer que tiene un embarazo no deseado y tiene mucho dinero, tiene formas de hacerlo ilegalmente bajo condiciones seguras. Una mujer pobre o de clase media está expuesta a otro tipo de riesgos cuando se realiza ese mismo procedimiento. Ahí hay dos realidades y uno no puede desatenderse de eso. El derecho como un conjunto de reglas para ordenar la sociedad, no debe desentenderse de la realidad en que vive”, manifiesta Lidia Casas, académica e investigadora de la Universidad Diego Portales.
Con el peso de la ley
Si bien en Chile el aborto terapéutico, es decir con fines médicos, estuvo permitido desde 1931, el 15 de septiembre de 1989 el régimen militar lo penalizó. En la actualidad existen dos proyectos de ley sobre el tema. Un grupo de diputados de la UDI presentó uno el 2002 que, entre otras cosas, conllevaría un aumento en las penas hacia las mujeres. Un segundo proyecto fue presentado el año 2003 y apunta a restablecer el aborto terapéutico. Hasta la fecha no se ha iniciado el debate legislativo de ninguno de estos proyectos. El Gobierno ha guardado total silencio, incluso, Michelle Bachelet señaló que de ser Presidenta, no legislaría sobre el tema.
“El aborto es un tema conflictivo para la elite política, el aborto constituye un tema que divide al mundo de la política, pero sobre el cual nosotros no podemos no darnos cuenta de la realidad que existe en nuestro país, de que hay mujeres que se interrumpen embarazos en condiciones de alto riesgo, que las pone en riesgo de muerte o con secuelas importantes”, advierte Lidia Casas.
